El dato que falta

El Ministerio Público venezolano informó de 7.165 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes registrados entre enero de 2022 y mayo de 2023. Es la referencia nacional más citada, y también la más vieja: no hay una actualización pública comparable para los años siguientes.

Ese vacío tiene consecuencias concretas. Sin serie estadística no se puede saber si el problema crece o decrece, no se puede asignar presupuesto por territorio, y no se puede evaluar si una política funcionó. Las organizaciones civiles terminan haciendo el trabajo que corresponde al Estado, con recursos que son una fracción.

Lo que sí hay son indicadores indirectos. Cecodap reportó un aumento del 73 % en las solicitudes de atención por abuso sexual, acoso y maltrato. En su servicio de atención psicológica, la violencia sexual representó el 8,76 % de las denuncias recibidas durante 2025, y es la forma de violencia asociada a mayor riesgo suicida entre quienes atiende. La organización también alertó sobre un alza del 31,5 % en la ideación suicida entre adolescentes.

Un aumento en las solicitudes de ayuda no equivale a un aumento de casos: puede significar que más personas se atreven a pedirla. Pero cuando ese indicador sube al mismo tiempo que la ideación suicida adolescente, la lectura optimista se vuelve difícil de sostener.

Para quien quiera ayudar desde fuera, esto define la prioridad: financiar atención psicológica sostenida, no campañas de sensibilización. La conciencia sobre el problema ya existe; lo que falta son horas de terapia disponibles.