Víctima y cómplice

Una investigación periodística regional documentó la figura de los niños utilizados como anzuelo por redes de trata: menores que, ya captados, son empleados para atraer a otros de su edad. Funciona mejor que cualquier adulto, porque un adolescente desconfía de un hombre de cuarenta años y no desconfía de un compañero de clase.

El problema jurídico y moral aparece después. Cuando la red cae, ese menor figura en la causa como partícipe. Ha reclutado, ha trasladado, a veces ha cobrado. Para un sistema que clasifica entre víctimas e infractores, no encaja, y la tendencia es tratarlo según lo que hizo y no según lo que le hicieron primero.

Es la misma discusión que ya existe con los adolescentes reclutados por grupos armados. El consenso técnico internacional es claro: un menor captado por una estructura criminal es, ante todo, víctima de esa estructura, y su participación posterior es consecuencia del delito que se cometió contra él. La reforma ecuatoriana de octubre de 2026 avanza en esa dirección al eliminar, cuando la víctima es menor, el requisito de probar engaño o violencia.

En la práctica comunitaria esto se traduce en algo muy concreto, y bastante impopular. Cuando en un barrio se identifica al chico que está captando a otros, la reacción espontánea es expulsarlo: que no entre al club, que no vuelva al taller, que los demás no se junten con él. Es comprensible y es exactamente lo que necesita la red, porque le devuelve al único lugar donde lo aceptan.

La alternativa no es ingenua ni consiste en ignorar lo que hizo. Consiste en sostener dos cosas a la vez: separarlo del contacto con otros menores mientras dure la intervención, y no soltarlo. Equipo profesional, denuncia de la red, seguimiento. Es más caro, más lento y más difícil de explicar que echarlo. También es la única versión en la que se recupera a alguien.