Vuelve al aula

En 23 de 49 casos en los que docentes apelaron su destitución administrativa por violencia sexual desde 2021, los tribunales anularon la decisión ministerial. El dato es de Human Rights Watch y describe un mecanismo que casi nunca se discute en público: no el de la condena penal, sino el de la permanencia laboral.

La razón habitual de esas anulaciones no es que el tribunal haya determinado que el hecho no ocurrió. Suele ser un defecto de forma. Un plazo vencido, una notificación mal hecha, un expediente armado por una autoridad distrital sin formación jurídica. El proceso administrativo escolar lo instruyen personas que son educadoras, no abogadas, y basta un error de procedimiento para que todo se caiga.

El efecto práctico es un profesional que regresa a ejercer, a veces en otro distrito, con el expediente anulado y por lo tanto sin registro visible. Es el mismo patrón que esta sección ya describió en clubes deportivos y en espacios de fe: la movilidad institucional como forma de impunidad. El agresor no se oculta, se traslada.

La solución no requiere una reforma constitucional. Requiere tres cosas concretas: que los sumarios administrativos los instruyan equipos con formación jurídica, que exista un registro nacional consultable de sanciones firmes en el sistema educativo, y que la medida cautelar de separación del contacto con estudiantes no dependa del resultado del sumario sino de la existencia de la denuncia.

Mientras eso llega, una comunidad escolar sí puede hacer algo hoy. Preguntar por escrito cuántos sumarios por violencia hay abiertos en la institución, quién los instruye y qué medidas de protección existen para los estudiantes mientras duran. La pregunta no acusa a nadie. Solo deja constancia de que alguien está mirando, y eso, en la experiencia de quienes trabajan en esto, cambia la velocidad de los expedientes.