El 4,15 %

La Defensoría del Pueblo de Ecuador publicó una cifra que debería ordenar cualquier conversación sobre el tema: entre enero de 2018 y junio de 2023 se reportaron 52.051 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, y solo 2.161 habían recibido sentencia. El 4,15 %.

Conviene traducir ese porcentaje a experiencia concreta. Una familia que denuncia entra en un recorrido de peritajes, audiencias diferidas, cambios de fiscal y, con frecuencia, convivencia forzada con el denunciado mientras el proceso avanza. Si el agresor es el sostén económico, la denuncia también significa quedarse sin ingresos. Si es un familiar querido por otros miembros de la casa, significa perder a la familia extendida.

Con ese costo sobre la mesa, el 95,85 % restante deja de parecer una estadística de ineficiencia judicial y se convierte en un incentivo: el sistema le está diciendo a la próxima familia que el camino casi nunca llega a ninguna parte.

Nada de esto significa que no haya que denunciar. Significa que una organización que solo acompaña hasta la puerta de la fiscalía no está acompañando. El acompañamiento útil cubre lo que viene después: apoyo psicológico sostenido durante el proceso, asesoría legal que explique cada etapa, y ayuda material cuando la denuncia deja a la familia sin ingresos.

También significa que la prevención no es un complemento del sistema judicial, sino el único punto del proceso donde todavía se puede evitar el daño.