El protocolo que no protege

Casi todos los colegios tienen hoy un protocolo contra la violencia. La pregunta útil no es si existe, sino qué ordena hacer en la primera hora. Un protocolo que manda informar al rectorado y esperar su decisión convierte a la autoridad escolar en filtro. Si el denunciado es parte de esa autoridad, o amigo suyo, el filtro se cierra.

El informe de Human Rights Watch sobre Ecuador documentó exactamente ese mecanismo: casos que no se reportaron a la justicia, denunciados trasladados a otras sedes, y familias presionadas para resolver el asunto puertas adentro. En 2024, la organización verificó que la falta de reporte seguía ocurriendo pese a las medidas anunciadas.

Un protocolo que sí protege tiene cuatro rasgos verificables. El aviso a la fiscalía o a la autoridad de protección no depende de la aprobación del rectorado. El denunciado queda apartado del contacto con estudiantes mientras dura la investigación, sin que eso implique prejuzgar. Nadie interroga al estudiante dentro de la escuela: eso corresponde a personal especializado. Y existe un registro escrito con fecha, firmado, que no se puede alterar después.

Para una familia hay una forma rápida de evaluarlo: pedir el protocolo por escrito y buscar en qué punto aparece la palabra fiscalía. Si aparece al final, o no aparece, ya sabe en qué orden están las prioridades.

Para una escuela hay otra: revisar si el adulto que recibe la primera confidencia tiene formación para sostenerla. Un docente bienintencionado que interroga por su cuenta puede inutilizar la prueba y obligar al estudiante a repetir el relato cinco veces.