Seis mil expedientes

En diciembre de 2020, Human Rights Watch publicó un informe de 75 páginas sobre violencia sexual en el sistema educativo de Ecuador. Lo construyó con 83 entrevistas a sobrevivientes, familias, abogados y fiscales, y con el análisis de 38 casos. Según datos oficiales recogidos allí, 4.221 estudiantes habían sufrido violencia sexual relacionada con la escuela entre 2014 y mayo de 2020.

La serie siguió creciendo. En julio de 2024 la organización reportó 6.368 casos denunciados en la década previa, cometidos por docentes, autoridades escolares, personal administrativo, conserjes, conductores de transporte escolar y otros estudiantes. En su Informe Mundial 2025, la cifra registrada por las autoridades entre enero de 2014 y agosto de 2024 superaba los 6.700 casos. Una cobertura de la agencia AP contabilizó 6.516 casos con 7.303 víctimas, porque algunos episodios afectaron a más de una.

Las cifras varían según la fecha de corte y según se cuenten casos o víctimas. Conviene citarlas con su fuente exacta, porque la discrepancia se usa a veces para descalificar el conjunto.

El hallazgo central del informe no es el volumen, sino el comportamiento institucional: escuelas que no reportaron, autoridades que trasladaron al denunciado en lugar de apartarlo, y familias que descubrieron que denunciar en la institución equivalía a avisar al agresor. En 2024, HRW constató que esa falta de reporte continuaba pese a las medidas adoptadas.

La lección operativa es incómoda para cualquier colegio: un protocolo que obliga a informar primero a la autoridad interna, y no a la fiscalía, protege a la institución y no al estudiante.