A ciegas desde 2012

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, el instrumento específico con el que Ecuador midió el problema, se levantó en 2012. Entonces registró 360.000 personas menores de 18 años trabajando, el 8,6 % de ese grupo de edad. Desde ahí, el país opera con estimaciones parciales tomadas de otras encuestas.

Las cifras posteriores que circulan lo demuestran. Para 2022 se citó un 5,78 %, equivalente a 218.321 niños. Después aparecen referencias a unos 240.000 y a más de 279.000, publicadas en distintos medios con años y metodologías que no siempre quedan explícitos. No son contradicciones de mala fe: son el resultado previsible de medir con instrumentos que no fueron diseñados para eso.

Un programa social sin medición es un programa sin dirección. No se sabe en qué provincia concentrar, no se puede comprobar si una intervención funcionó, y cualquier gobierno puede declarar éxito o fracaso con el mismo material.

Hay una consecuencia que afecta directamente a la protección de la niñez: el trabajo infantil es una de las puertas de entrada más frecuentes a otras formas de explotación. Un niño que pasa ocho horas en la calle o en una finca, fuera de la escuela y sin un adulto responsable cerca, está expuesto a todo lo demás.

Lo que puede hacer una organización mientras tanto es modesto pero real: levantar datos propios en su zona de trabajo, con método público y comparable, y publicarlos. Diez años de vacío estadístico no se llenan desde la sociedad civil, pero una provincia sí se puede documentar.