17 de 647

La cifra está en el informe de Human Rights Watch sobre Ecuador: de las 647 denuncias de violencia sexual en el sistema educativo recibidas entre 2020 y 2022, solo 17 llegaron a juicio. Es el 2,6 por ciento. En ese período se registró una condena.

Vale la pena mirar esa fracción despacio, porque explica casi todo lo que viene después. Una familia que denuncia entra a un proceso con un 97 por ciento de probabilidad de no llegar siquiera a la etapa de juicio. No de perder el juicio: de no tenerlo. Cuando esa estadística se vuelve conocimiento común en un barrio, la pregunta que se hacen los padres deja de ser «¿denuncio?» y pasa a ser «¿para qué?».

Hay un segundo dato del mismo informe que cierra el círculo. Desde la sentencia de 2021, en 23 de 49 casos en que docentes apelaron su destitución administrativa por violencia sexual, los tribunales anularon la decisión del Ministerio. Casi la mitad. Es decir que incluso la vía administrativa, la que no requiere prueba penal, se revierte la mitad de las veces.

Nada de esto significa que denunciar no sirva. Significa que denunciar sin acompañamiento casi no sirve. Los expedientes que avanzan tienen en común una constante: alguien sostuvo el proceso. Un abogado que no cobró, una organización que hizo seguimiento, una familia que pudo pagar el transporte a la audiencia número catorce. El filtro no es la verdad del caso. Es la resistencia.

Ese es exactamente el hueco que una organización puede ocupar sin esperar una reforma legal. Acompañamiento jurídico gratuito, un calendario de audiencias que alguien vigila, una psicóloga que prepara a la niña para declarar sin revictimizarla. No cambia la ley. Cambia el denominador.